Todos los fuegos, el fuego (político)*
Desde su asunción en diciembre del 2023, el gobierno nacional decidió profundizar el extractivismo, saqueo y reprimarización productiva, que, aunque encuentra límites en la legislación vigente, se ve reflejado en el retiro del Estado de áreas críticas, mediante la desfinanciación de organismos, fondos y dependencias creadas para llevar adelante políticas de mitigación y prevención de los desequilibrios ambientales y sociales de este modelo de concentración económica que atenta contra el buen vivir de nuestro pueblo, porque estamos convencidos de que los problemas ambientales son principalmente problemas sociales.
El presidente Javier Milei sigue sosteniendo que “el cambio climático es otra de las mentiras del socialismo”, minimizando su impacto en nuestras comunidades y sosteniendo su negacionismo climático con argumentos que buscan confundir a la sociedad.
Se estima que el 95% de los incendios que ocurren en nuestro país son consecuencia de la acción humana de manera accidental o intencional. Entonces los focos se originan por las acciones antrópicas y la crisis climática genera las condiciones ideales para su propagación. Son nuestras comunidades las que sufren las consecuencias de la crisis climática a la que asistimos, tiene que ver con la recurrencia y voracidad de los incendios forestales cada vez más difíciles de controlar. El aumento de la temperatura global que año a año supera los máximos históricos, la emergencia hídrica ante la falta de lluvias y humedad en los suelos, y la presencia de fuertes vientos que propagan las llamas y expanden los focos con una velocidad extrema, conforman un combo letal, como lo evidencian los incendios que están consumiendo miles de hectáreas de bosques protegidos, vidas humanas, viviendas y áreas urbanas, y desarrollos productivos en la Patagonia cordillerana, además de arrasar con la biodiversidad nativa.
Cuando el Estado se desentiende de las funciones que le son inherentes, las consecuencias son inconmensurables. Al momento de la redacción del presente, asistimos a un periodo superior a un mes en el que se verifican incendios ininterrumpidos en la Patagonia: existen dos focos activos en el Parque Nacional Nahuel Huapi que arrasaron con más de 11 mil hectáreas de bosques protegidos, viviendas e infraestructura, mientras que en suman casi 3 mil hectáreas en el Parque Nacional Lanin en Neuquén. Se suman los incendios en Chubut, que particularmente, en la localidad de Epuyén consumieron mas de 3 mil quinientas hectáreas, y mas de 110 viviendas.
El panorama desolador se completa con la eliminación de fondos para la prevención de incendios, y la falta de recursos estratégicos para combatir los fuegos: recientemente, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se vio degradado producto del pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sumado a la no renovación de los contratos de más de 500 brigadistas y la falta de financiamiento en un el área clave para la prevención y a actuación frente al riesgo.
Por otro lado, el desfinanciamiento de las Provincias y Municipios, como consecuencia de los recortes discrecionales de Nación, vulneran los derechos de los patagónicos limitando la posibilidad de intervención de los gobiernos locales ante las catástrofes ambientales.
Tan alarmante resulta el retiro del Estado que entre las colectas solidarias que circulan a través de redes sociales, se piden elementos básicos para los brigadistas como barbijos, vendas, y elementos de primeros auxilios (cremas para quemaduras, gotas oculares). También equipamiento como motosierras, mangueras, agua potable, lo que resulta indignante para quienes seguimos con estupor la inacción e indiferencia del gobierno nacional y la falta de cobertura mediática de los medios nacionales.
Mención aparte merece el hecho de Milei haya prometido derogar la Ley de Manejo del Fuego cuando inició su gobierno, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional. Si bien la norma no fue desechada, los fondos subejecutados implicaron un recorte del 40% en el 2024.
En este contexto, el senador nacional Martín Doñate presentó un proyecto de ley que exige la declaración de emergencia y el desembolso inmediato de fondos nacionales para asistir a quienes perdieron sus viviendas, medios de vida y proyectos productivos, entendiendo que la responsabilidad primara e intransferible, es del Estado Nacional.
Entre los fundamentos del proyecto, se repasa el marco jurídico que tiene entre tiene por objeto “asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales; promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; asegurar la conservación de la diversidad biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental” (Ley General del Ambiente N° 25.675).
En lo que respecta a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, se establece que “dichos presupuestos mínimos serán destinados al enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los referidos bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Y entre los objetivos principales de la ley, establece: implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que beneficien a la sociedad; y hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad”.
Con el mismo espíritu protectorio, la Ley de Manejo del Fuego N° 26.815 prevé “los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y regula las acciones y operaciones de prevención, supresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.
Resulta evidente que ante la emergencia ígnea que atraviesa la Patagonia, requiere de medidas urgentes por parte del Estado Nacional, en cumplimiento de las mandas constitucionales y leyes citadas.
El proyecto propone declarar la emergencia ambiental, económica, social, habitacional y productiva, por el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut a raíz de los incendios producidos durante la temporada de verano 2025. El Poder Ejecutivo deberá determinar las zonas afectas de dichas provincias, para la adopción de las medidas necesarias y conducentes para combatir y mitigar el impacto de los incendios forestales en la zona, y adoptar las medidas para preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas.
Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo, destinará una partida extraordinaria para la asistencia inmediata a personas y animales, para la reparación y reconstrucción de viviendas, servicios públicos, y para la recuperación de actividades económicas. El importe de la partida deberá ser suficiente y guardar relación con el diagnóstico de los efectos y consecuencias producidas por los incendios, a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El mensaje que propone el Senador es claro: un Estado presente es la clave. Es por ello que además de estar a cargo de la prevención, debe contar con planes de contingencia capaces de reaccionar adecuada y eficazmente ante situaciones de emergencia, salvaguardando los bienes comunes naturales. Porque cuidar al ambiente es cuidar la vida de todas y todos los argentinos.
*Por Dante Ordoñez, estudiante de Derecho. Ayudante en la Cátedra Derecho de los recursos naturales y protección ambiental, UBA.
