REFUNDAR EL PACTO: Argentina en la nueva era civilizatoria.

Apuntes para una reforma constitucional.
Por Instituto Argentina 2050 *

“Si cada instrumento pudiese, en virtud de una orden recibida o, si se quiere, adivinada, trabajar por sí mismo… si las lanzaderas tejiesen por sí mismas, los empresarios prescindirían de los operarios.”
— Aristóteles, La Política, Libro I (siglo IV a.C.)

I	Una mutación sin precedentes

La historia registra pocas inflexiones en que el andamiaje completo de una civilización —sus instituciones, su economía, sus formas de conocimiento, su concepción del trabajo, la identidad y el sentido— se transforma de manera simultánea. Vivimos uno de esos momentos. Y por primera vez en la historia humana, esa transformación ocurre a velocidad exponencial, sin que ninguna generación viva tenga mapas para el territorio que se abre.

La inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la robótica no son herramientas nuevas que se incorporan a un sistema viejo: son el nuevo entorno estructural en el que la vida colectiva del siglo XXI se está redefiniendo. Como ha señalado José Ignacio Latorre, el futuro será cuántico o no será. La computación cuántica no pertenece al futuro lejano: sus aplicaciones en medicina, energía, criptografía e inteligencia artificial son inminentes y transformarán el mundo a una velocidad que hará parecer lenta a la revolución digital.

Yuval Noah Harari anticipó que la mayor desigualdad del siglo XXI no sería económica sino algorítmica. Byung-Chul Han describió la psicopolitíca digital. Y Shoshana Zuboff, en La era del capitalismo de la vigilancia, identificó la experiencia humana convertida en materia prima para predecir y modificar el comportamiento. Estamos ante un nuevo régimen que despoja a los ciudadanos de su soberanía epistémica —el derecho a no ser objeto de inferencias algortímicas sin consentimiento.

Pero la mutación no es solo tecnológica. Es existencial. Emilio Duró, siguiendo a Viktor Frankl —autor de El hombre en busca de sentido—, afirma: sin un propósito, sin un «para qué» levantarse cada mañana, ningún logro material ni tecnológico alcanza.

Hay una dimensión adicional de esta mutación que pocas veces se nombra con la claridad que merece: la demográfica. En 1900, la esperanza de vida promedio mundial era de apenas 32 años. Hoy supera los 73. En un siglo, la humanidad más que duplicó el tiempo que vive. La población mundial, que tardó toda la historia de la humanidad hasta 1800 en llegar a mil millones de personas, sumó el segundo mil millones en 130 años, el tercero en solo 30. Solo durante el siglo XX, la población pasó de 1.650 millones a 6.000 millones. Hoy somos más de 8.200 millones.

32 → 73

años de esperanza de vida promedio mundial: de 1900 a hoy Fuente: Our World in Data / ONU

1.650M → 8.200M

personas en el mundo: de 1900 a 2025 Fuente: Worldometer / ONU 2024

Ese crecimiento simultáneo en cantidad de vidas y en años vividos generó una riqueza global sin precedentes históricos. El PIB mundial se multiplicó exponencialmente a lo largo del siglo XX. Pero esa riqueza no se distribuyó con la misma velocidad con que se creó. El resultado es una paradoja civilizatoria que define nuestro tiempo: nunca la humanidad produjo tanta riqueza, nunca vivió tanto, nunca fue tan numerosa, y nunca fue tan profunda la brecha entre lo que existe y lo que se distribuye. La pregunta que esa paradoja plantea no es técnica ni económica en sentido estrecho: es una pregunta moral y política. ¿Para qué sirve una civilización que produce abundancia que no alcanza a todos?

Pero la mutación demográfica tiene también una cara opuesta e igualmente significativa: mientras la humanidad vive más, tiene menos hijos. La tasa de fecundidad mundial pasó de cinco hijos por mujer en 1950 a 2,2 en 2025, rozando el umbral de reemplazo generacional. En países de América Latina —incluyendo Argentina, Brasil, Colombia y Chile— esa tasa ya está por debajo del nivel de reemplazo. El fenómeno no responde principalmente a un rechazo a la maternidad o la paternidad: el UNFPA documenta que la verdadera crisis es de condiciones, no de deseo. Las barreras económicas —vivienda inaccesible, precariedad laboral, costo de la crianza— y las tensiones de género que siguen colocando el peso del cuidado sobre las mujeres son los factores determinantes.

A esto se suma una transformación más profunda en los modelos de vínculo y familia. Las nuevas generaciones redefinieron el significado de la vida en común: crece el número de personas que eligen no tener hijos, que priorizan vínculos sin convivencia, que construyen redes afectivas fuera del modelo nuclear tradicional. Estos cambios no son una patología social sino una mutación cultural que las instituciones todavía no saben procesar. Una sociedad que vive más pero tiene menos hijos, que acumula más riqueza pero distribuye menos, y que transforma sus modelos de vínculo más rápido que sus instituciones: ese es el escenario demográfico real del siglo XXI. Cualquier refundación del pacto que ignore esta dimensión llegará vieja al mundo que viene.

Ningún líder político fue formado para este escenario. Las instituciones que habitamos fueron diseñadas para otro mundo. Este documento no pretende tener todas las respuestas: es una contribución al debate que la Argentina necesita dar con urgencia y profundidad, consciente de la complejidad de los temas que aborda y de las dificultades reales para construir consensos en torno a ellos. Es un punto de partida, no un punto de llegada.

Esta crisis de representación es estructural y global. Las instituciones del siglo XX fueron diseñadas para un mundo con flujos de información lentos y ciudadanías con acceso limitado al espacio público. Ese mundo ya no existe. El debate político ocurre hoy en tiempo real, en múltiples plataformas simultáneas, con una ciudadanía que puede informarse y organizarse fuera de los canales institucionales tradicionales. Esta transformación produce dos tentaciones igualmente peligrosas: el populismo digital —simplificar, emocionalizar, polarizar— y la nostalgia institucional —ignorar que el espacio público ha migrado y seguir gobernando como si el siglo XX no hubiera terminado. Ninguna produce democracia real.

La Argentina conoce bien esta tensión. Su historia muestra que los momentos de mayor desarrollo, soberanía y mejora en los índices de bienestar, educación, inclusión y autonomía nacional coincidieron con la validación de liderazgos que supieron combinar rigor intelectual, coraje político y la capacidad de habitar los nuevos espacios públicos de cada tiempo que les tocó gobernar. Esos liderazgos no fueron perfectos ni están exentos de debate: pero marcaron una diferencia mensurable en la vida concreta de millones de argentinos. Hoy, cuando las transformaciones se aceleran y la nueva era civilizatoria que describimos en este informe comienza a tomar forma, esa misma búsqueda se vuelve más urgente y más difícil a la vez. El bien más escaso no es la información sino el sentido. Los ciudadanos buscan quien interprete, interpele y represente el tiempo que les toca vivir —quien conecte la conmoción del presente con una visión del futuro que merezca ser construida.

“La política que evita la complejidad pierde la conversación más importante de su tiempo.”

II	Breve historia constitucional argentina: lo que cada época demandó

La Argentina tiene una historia constitucional que es, al mismo tiempo, una historia de su relación con el tiempo que le tocó vivir. Cada gran transformación civilizatoria demandó nuevas bases jurídicas.

1853	→	1949	→	1994	→	2026
Alberdi Era agraria y comercial		Sampay Derechos sociales		Modernización inconclusa		Refundación del pacto 2026

1853: Alberdi y el proyecto de país. Juan Bautista Alberdi entendió que Argentina necesitaba poblar su territorio, atraer capitales e integrarse al comercio mundial. Su fórmula —gobernar es poblar— era un diagnóstico preciso del siglo XIX. Sus limitaciones —la exclusión de las mayorías, la concentración de la tierra— fueron también hijas de su época.

1949: Sampay y los derechos sociales. Arturo Sampay incorporó los derechos sociales —trabajo, salud, educación, vivienda— como obligaciones del Estado. La función social de la propiedad y la soberanía sobre los recursos naturales quedaron plasmadas en el texto. Esa reforma fue derogada por la dictadura de 1955, pero sus ideas sobrevivieron en la cultura política argentina.

1994: modernización inconclusa. Sus avances fueron reales: tratados de derechos humanos, Defensoría del Pueblo (Art. 86), AGN (Art. 85), habeas data y amparo (Art. 43). Pero nació con deuda de origen y respondió a una realidad que en tres décadas se volvería irreconocible. Ninguno de sus artículos menciona internet, datos personales o soberanía tecnológica.

El palimpsesto constitucional. Hoy la Constitución es un palimpsesto: capas de distintas épocas con lógicas contradictorias. Esa superposición explica muchas disfunciones actuales y la percepción de que el pacto constitucional ya no describe la realidad.

“Cada gran transformación civilizatoria demandó una nueva arquitectura jurídica. Hoy estamos ante la cuarta, la más vertiginosa. Necesitamos la cuarta refundación.”

III	El rol del Estado en la nueva era civilizatoria

¿Cuál es el rol del Estado en una economía donde la tecnología reemplaza el trabajo y las corporaciones digitales acumulan más poder que muchos Estados nacionales? El neoliberalismo respondió: Estado mínimo, mercado máximo. Esa fórmula produjo la mayor concentración de riqueza de la historia moderna. El estatismo clásico ofreció la respuesta inversa. Ninguna de las dos describe adecuadamente el Estado que el siglo XXI necesita.

Argentina tiene en su propia historia una concepción del Estado que navegó entre esos dos polos sin rendirse a ninguno. La idea de un Estado justo —que no es mínimo ni omnipresente, que ordena sin ahogar, que protege sin sustituir, que invierte sin concentrar— es parte del imaginario político nacional más profundo. No fue solo una doctrina: fue una experiencia. El desafío del nuevo tiempo no es elegir entre el mercado y el Estado sino definir qué tipo de Estado puede ser el protagonista del siglo XXI: estratégico, soberano, innovador y garante de los nuevos derechos que la era digital y cuántica exige.

La economista Mariana Mazzucato, en El Estado emprendedor, demostró que internet, el GPS y las pantallas táctiles fueron financiadas con inversión pública. Las ganancias, en cambio, fueron privatizadas. El nuevo pacto debe corregir esa ecuación: cuando el Estado invierte en innovación debe recuperar valor para la sociedad.

Argentina conoce esa paradoja en carne propia. Empresas que crecieron al amparo de la inversión pública, de las exenciones impositivas excepcionales, de los contratos estatales y de la infraestructura construida con recursos colectivos, terminan operando como activistas ideológicos contra el Estado que las hizo posibles. Esa contradicción no es anecdótica: es una disputa cultural y de poder que el nuevo pacto debe nombrar y resolver. La condicionalidad pública sobre la inversión estratégica no es ideología: es la condición para que el Estado pueda seguir invirtiendo sin financiar a sus propios adversarios.

“El Estado del nuevo tiempo es estratégico: garante de derechos, regulador de poderes, inversor en bienes comunes y protector de la soberanía epistémica de sus ciudadanos.”

IV	La deuda: problema estructural, cuestión constitucional

Ningún debate sobre el futuro de Argentina puede eludir el problema de la deuda externa. No como tema coyuntural sino como condición estructural que ha subordinado las decisiones soberanas a los mandatos de acreedores externos durante décadas.

El nuevo pacto debe distinguir entre deuda legítima —contraída con respaldo democrático, para desarrollo productivo, con transparencia— y deuda ilegítima —contraída en dictadura, con fuga de capitales, con condiciones leoninas o en violación de derechos humanos fundamentales. Si bien la doctrina de la deuda odiosa tiene peso académico, su aplicación jurisdiccional es compleja por el principio de continuidad del Estado. El fundamento jurídico más sólido reside en la nulidad de actos que violen el orden público constitucional o los tratados de derechos humanos con jerarquía superior (Art. 75 inc. 22 CN).

Hacia un articulado concreto. La reforma debe incorporar: aprobación legislativa por mayoría absoluta para todo endeudamiento externo en moneda o bajo ley extranjera; Comisión Bicameral de Auditoría con participación ciudadana; eliminación de toda posibilidad de delegación legislativa y del uso de Decretos de Necesidad y Urgencia para la contratación de crédito público externo; y primacía del bienestar de las generaciones presentes y futuras sobre cualquier compromiso financiero que lo contradiga.

Un punto técnico central: la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública ya establece el estándar correcto: el endeudamiento externo requiere ley especial del Congreso y no puede financiar gasto corriente. Pero una ley ordinaria puede ser modificada por otra ley ordinaria con mayoría simple. La reforma constitucional hace exactamente eso: toma el temperamento ya consagrado en esa ley —que el propio Congreso votó— y lo cristaliza como principio irreversible. Cuando algo está en la Constitución no puede ser sorteado por un decreto ni derogado por una mayoría circunstancial. Ese es el blindaje real. No se parte de cero: se constitucionaliza lo que ya existe.

Un punto que merece subrayarse con claridad: la deuda contraída fuera de los protocolos normativos establecidos —tanto en escala doméstica como internacional— no solo puede, sino que debe ser rediscutida en su legalidad y legitimidad. Eso implica no solo cláusulas constitucionales que lo impidan en el futuro sino consecuencias jurídicas concretas para quienes la contrajeron en violación de esos protocolos. El nuevo pacto debe determinar límites y procedimientos sin margen a interpretaciones que permitan la impunidad. La soberanía financiera no es solo una cuestión de política económica: es una cuestión de Estado de derecho.

V	Recursos estratégicos: litio, hidrocarburos, agua, tierra, biodiversidad y datos

La historia reciente ofrece un ejemplo concreto de lo que significa ejercer soberanía sobre los recursos energéticos. La recuperación estratégica de YPF en 2012 durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue una decisión de fondo: reconocer que una empresa de valor estratégico no podía quedar en manos de intereses privados extranjeros sin que el Estado tuviera capacidad de orientar su desarrollo. Lo que vino después confirmó el acierto de esa decisión: el desarrollo de Vaca Muerta posicionó a Argentina como uno de los países con mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, generando un superávit energético que era impensable antes de esa recuperación. Y el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York del 27 de marzo de 2026 cerró el capítulo jurídico: revocó la condena de primera instancia de USD 16.100 millones que los fondos buitres intentaron cobrar, ratificando que la expropiación se realizó conforme a derecho y que el Congreso y sus leyes están por sobre el estatuto de cualquier empresa. Es la demostración práctica de algo que este informe sostiene teóricamente: cuando el Estado ejerce soberanía sobre sus recursos estratégicos con respaldo jurídico sólido y como política de estado es el camino correcto.

El agua, la energía, el litio, los hidrocarburos, la tierra fértil, la biodiversidad y los datos no son commodities: son bienes estratégicos que hacen a la soberanía nacional. Una precisión técnica necesaria: el Art. 124 CN consagra el dominio originario provincial de los recursos naturales, ratificado constantemente por la Corte Suprema. El nuevo pacto no busca revertir ese dominio sino construir sobre él un sistema de federalismo de concertación: estándares nacionales vinculantes que coexistan con el dominio provincial y lo potencien. No recentralización: coordinación soberana.

El mecanismo técnico para esa coordinación ya existe en el derecho argentino: las leyes de presupuestos mínimos, consagradas en el Artículo 41 CN en materia ambiental y ratificadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema. La misma lógica debe aplicarse a los recursos estratégicos: la Nación fija estándares mínimos de industrialización, sostenibilidad y recuperación de valor, acordados en organismos federales —Consejo Federal de Minería, Consejo Federal de Energía— y las provincias ejercen el dominio dentro de ese marco. No imposición unitaria: concertación federalmente legitimada.

3°	Reserva mundial de litio: Argentina integra el Triángulo del Litio con Bolivia y Chile Fuente: USGS Mineral Resources Program 2024

~400.000 km²

de cuencas sedimentarias con potencial hidrocarburífero aún sin explorar plenamente Fuente: Secretaría de Energía Argentina

37.000 km³

de agua dulce renovable anual: Argentina entre los 10 países con mayor recurso hídrico. Fuente: FAO Aquastat

Kate Crawford, en Atlas of AI, demostró que la IA tiene un cuerpo físico que necesita litio, coltán y energía. La soberanía tecnológica es también control sobre la cadena de valor física. No podemos ser el proveedor de los materiales que alimentan la inteligencia de otros sin construir inteligencia propia.

Litio y minerales críticos. La explotación sin industrialización local es colonialismo moderno. La Constitución debe exigir industrialización parcial, fondo soberano con regalías para las provincias productoras y cláusulas de recuperación de valor.

Hidrocarburos. Dominio estatal inalienable. Todo acuerdo de explotación debe incluir precios internos razonables, desarrollo de proveedores locales y protección ambiental.

Agua. Derecho humano fundamental y recurso estratégico fuera del mercado. El consumo humano y la producción de alimentos tienen prioridad absoluta sobre cualquier otro uso.

Tierra. Límites a la extranjerización; prohibición del latifundio improductivo; garantía de acceso para pueblos originarios y pequeños productores.

Biodiversidad y datos. Patrimonio genético inalienable. Los datos generados en territorio nacional son recurso estratégico: su tratamiento masivo sin contraprestación es extracción que el nuevo pacto debe regular.

Conectividad. El equivalente del acceso a la educación en el siglo XX. Sin ella no hay ciudadanía plena en el siglo XXI.

Defensa e industria estratégica como mandato constitucional. Existe una dimensión de la soberanía sobre los recursos que raramente se debate con la profundidad que merece: un país con riqueza extraordinaria, pero sin capacidad de defensa, sin industria pesada soberana y sin infraestructura estratégica garantizada es un territorio a la deriva de intereses foráneos. La historia latinoamericana está llena de recursos que no generaron poder porque no hubo Estado capaz de sostenerlos. El nuevo pacto constitucional debe incorporar el mandato de destinar recursos presupuestarios mínimos garantizados —no discrecionales, sino constitucionales— para el desarrollo de capacidades de defensa nacional, industria pesada soberana e infraestructura estratégica. No como gasto militar en el sentido convencional sino como inversión en la capacidad del Estado de sostener y proteger la riqueza que posee.

“La riqueza sin defensa no es soberanía: es una invitación.”

VI	Trabajo, tecnología e IA: el nuevo territorio de disputa

Aristóteles lo anticipó hace más de dos mil años: si las lanzaderas tejieran por sí solas, los empresarios prescindirían de los operarios. La pregunta que formuló en el siglo IV antes de Cristo sigue siendo la más urgente del siglo XXI: cuando las máquinas prescinden de los operarios, ¿qué garantiza la dignidad y el sentido de quienes quedan fuera del sistema productivo?

400-800M

personas podrían ser desplazadas por la automatización hacia 2030 Fuente: McKinsey Global Institute

Aaron Benanav recuerda que la inempleabilidad estructural ya es una realidad para millones por décadas de desindustrialización. Y Daron Acemoglu y Simon Johnson, en Power and Progress, advierten: la IA puede potenciar al trabajador o puede automatizar para concentrar poder. La diferencia no la hace la tecnología: la hacen las decisiones políticas.

En este contexto global emerge un debate que Argentina debe dar con honestidad intelectual antes de poder darlo políticamente. La Asignación Universal por Hijo fue una política pionera en la región: el reconocimiento de que el Estado debe garantizar un piso de bienestar independientemente del vínculo laboral formal. Nació como respuesta a una urgencia social concreta y sigue siendo una herramienta valiosa e imprescindible. La Renta Básica Universal que debate el mundo hoy, en cambio, nace de una lógica distinta y más estructural: anticiparse a un escenario donde el trabajo como mediador entre existencia y subsistencia desaparece de manera permanente por efecto de la automatización. Finlandia, Kenya, Canadá y Estados Unidos han realizado experiencias piloto con resultados que alimentan el debate sin resolverlo. Son dos conversaciones que usan palabras parecidas, pero hablan de realidades distintas: una es política social de emergencia, la otra es arquitectura económica para una era postlaboral. Este informe no propone una fórmula, sino que señala la urgencia: ninguna fuerza política puede darse el lujo de seguir evitando esta discusión.

En Argentina, una tradición política construyó su identidad a través del trabajo. Ese legado no es un error cultural: es una conquista civilizatoria. El desafío del nuevo tiempo no es abandonar ese valor sino actualizarlo cuando las máquinas amenacen con vaciarlo de contenido.

El desafío más profundo no es económico: es existencial. La filósofa Shannon Vallor advierte que el verdadero riesgo no es la rebelión de los robots sino la renuncia progresiva de la humanidad a su agencia moral. Y Nick Bostrom, en Deep Utopia, plantea que la abundancia tecnológica sin propósito colectivo puede ser tan devastadora como la escasez.

“Rechazar la automatización es imposible. Aceptarla sin condiciones es una abdicación.”

VII	Federalismo real: representación, recursos y disputa cultural

45%	del PIB nacional concentrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires Fuente: INDEC / estimaciones 2024

El federalismo argentino es una promesa incumplida. El AMBA concentra más del 35% de la población, más del 45% del PBI y una proporción aún mayor de la infraestructura y las oportunidades. Esa asimetría no es natural: es el resultado de décadas de decisiones que concentraron la inversión y el poder en el centro.

Un federalismo real del siglo XXI implica tres dimensiones. La redistributiva: que los recursos —litio, petróleo, gas, agua, tierra y datos— generen desarrollo en las regiones donde existen. La representativa: que las regiones menos pobladas tengan voz efectiva en las decisiones nacionales. Y la cultural: que la diversidad regional sea reconocida como riqueza y no como problema. El desafío es construir una Nación federal genuina sin caer en el provincialismo ni en la atomización: más Argentina, no menos, pero una Argentina donde cada región tiene lo que necesita para desarrollarse.

“La conectividad universal es el gran igualador federal del siglo XXI. Garantizarla en todo el territorio es una política de igualdad constitucional.”

VIII	Educación, salud y seguridad: repensar desde nuevos paradigmas

Una aclaración importante antes de desarrollar esta sección: educación, salud y seguridad son los tres grandes servicios esenciales donde el Estado siempre tuvo protagonismo central. Ese debate —sobre prestaciones, modelos de financiamiento y tensiones entre provisión pública y privada— es necesario e ineludible, y debe seguir dándose en el ámbito público con toda su profundidad. Pero no es lo que este informe aporta aquí. Nuestro aporte específico es complementar esa agenda clásica con una perspectiva nueva: los desafíos que la era algorítmica y cuántica, la biotecnología y la crisis de sentido colectivo plantean a cada uno de estos campos.

Educación: de la fábrica al pensamiento crítico

El sistema educativo fue diseñado para la era industrial. Esa arquitectura no tiene futuro en un mundo donde la información es abundante y gratuita, y donde lo que escasea es el criterio, la interpretación crítica y la capacidad de interactuar con inteligencias no humanas. Una educación para el siglo XXI debe formar en comprensión crítica de sistemas automatizados, ética aplicada a la tecnología y las capacidades relacionales que las máquinas no pueden reemplazar. Y debe recuperar lo que la educación industrial abandonó: el sentido. Siguiendo a Emilio Duró y Viktor Frankl, una educación que no cultiva el propósito produce técnicos competentes pero ciudadanos vacíos.

Salud: el cuerpo humano como territorio de derechos

La biotecnología y la IA están redefiniendo la salud. El derecho a la salud debe incluir la protección de los datos médicos frente a su uso comercial, la regulación de las interfaces neurotecnológicas y el tratamiento de la salud mental como crisis estructural de la era digital y cuántica. Chile incorporó neuroderechos a rango constitucional (Ley N° 21.383, 2021). Argentina debe seguir ese camino y superarlo.

Seguridad: de la represión a la garantía de derechos

El siglo XXI demanda un concepto de seguridad más amplio: ciberseguridad de infraestructuras críticas como cuestión de seguridad nacional; regulación del uso estatal de IA en vigilancia con autorización judicial previa; y la manipulación de la opinión pública mediante sistemas automatizados como amenaza a la seguridad democrática.

“Una educación que no cultiva el propósito produce técnicos competentes pero ciudadanos vacíos.”

IX	La reforma judicial y el andamiaje institucional

El patrón que se repite: del golpe militar al golpe judicial

El pensador boliviano Álvaro García Linera —con el rigor intelectual y el conocimiento profundo de los procesos latinoamericanos que lo caracterizan— ha descrito con precisión la tensión estructural que atraviesa a nuestras democracias. Este informe la formula en sus propios términos: la disputa permanente entre una democracia concebida como mecanismo de contención de las mayorías —formal, de baja intensidad, que termina en el voto— y una democracia viva: proceso continuo de ampliación de derechos que se despliega en el acceso real a los recursos, las decisiones colectivas y el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Cuando los sectores que defienden la democracia de baja intensidad perciben que la democracia viva avanza demasiado, buscan instrumentos para frenarla.

Durante décadas, ese instrumento fue el golpe de Estado militar. La última dictadura cívico-militar, que entre 1976 y 1983 ejerció el terrorismo de Estado con treinta mil desaparecidos, representa la expresión más brutal de ese patrón. Con el retorno democrático, ese instrumento dejó de estar disponible en su forma clásica. Pero el patrón no desapareció: muto.

La politóloga Arantxa Tirado Sánchez, en El lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley, y Silvina Romano con el CELAG documentaron la nueva forma: el lawfare o guerra judicial —el uso indebido del aparato judicial para perseguir e inhabilitar políticamente a liderazgos con respaldo popular. No es un golpe de cuartel: es un golpe por goteo, aparentemente legal. García Linera, el CELAG y otros tantos que abordan el fenómeno de la guerra judicial en América Latina coinciden en ese diagnóstico. Este informe lo formula como juristocracia ascendente: tribunales que reemplazan y amputan las instancias representativas, otorgándose un poder que ningún ciudadano les confirió. O dicho de otro modo: el partido judicial como actor político real, sin mandato popular y como brazo ejecutor cumpliendo servicios a los intereses que en otros tiempos prestó el mando militar.

Pero el lawfare no opera solo. Necesita un soporte cultural previo: los medios tradicionales de comunicación concentrados como pata inseparable del fenómeno. Tirado Sánchez y Romano hablan de una guerra judicial-mediática —no dos fenómenos paralelos sino uno solo articulado. Así como el golpe del siglo XX necesitaba el control de radios y canales, el golpe judicial del siglo XXI necesita meses de construcción mediática previa. La toga y el micrófono operan en tándem. Hoy ese tándem se potencia con las plataformas digitales y los algoritmos que amplifican selectivamente los relatos convenientes a los poderes concentrados.

Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia son los casos más documentados de esta práctica en la región. El caso de Brasil es el más contundente en términos institucionales: Luiz Inácio Lula da Silva, dos veces presidente y uno de los líderes con mayor respaldo popular de la historia brasileña, fue perseguido, encarcelado e inhabilitado electoralmente en el marco de la operación Lava Jato. La propia Corte Suprema de Brasil anuló posteriormente todas las condenas, reconociendo la parcialidad del juez Sergio Moro y la ausencia de garantías del debido proceso. El lawfare no fue una opinión política: fue una conclusión jurídica del propio sistema brasileño. Lula volvió a ganar las elecciones y hoy gobierna Brasil. El patrón, sin embargo, no se detuvo.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner —la figura política con mayor respaldo electoral de las últimas décadas— viene siendo objeto de una persecución judicial sistemática que los propios estándares del debido proceso no pueden sostener sin sonrojarse. Condenada e inhabilitada en causas donde la imparcialidad de los magistrados y la solidez de las pruebas son seriamente cuestionadas por juristas de distintas tradiciones ideológicas, su caso es el ejemplo argentino de lo que este informe describe como juristocracia ascendente y partido judicial. Lo que está en juego no es la inocencia o culpabilidad de una persona sino algo mucho más profundo: si en la Argentina del siglo XXI los ciudadanos pueden elegir a sus representantes sin que un poder no electo, opaco y capturado por intereses fácticos tenga la última palabra sobre quién puede y quién no puede gobernar.

“La toga y el micrófono operan en tándem. El golpe judicial del siglo XXI necesita meses de construcción mediática previa.”

La reforma del Poder Judicial

Un matiz necesario: esto no desconoce la existencia de jueces íntegros ni de fallos ejemplares. Precisamente por ellos es más grave que la estructura permita que sectores minoritarios, sin mandato popular, secuestren la voluntad popular amparados en una arquitectura corporativa que premia la lealtad interna sobre la independencia.

La reforma del Poder Judicial es condición sine qua non del nuevo pacto. Sus ejes: federalización de la Corte a 13 miembros con paridad de género y representación regional; limitación de mandatos a 12 años sin renovación; responsabilidad disciplinaria efectiva; Consejo de la Magistratura con elección ciudadana directa para representantes no judiciales; y revisión profunda del fuero federal, nodo central de la captura política.

Reforma electoral: mandatos, continuidad y representación

El debate sobre la reforma institucional no puede separarse de una distorsión estructural que es urgente corregir: las elecciones de medio término condicionan y muchas veces definen el rumbo de los gobiernos, que dedican sus primeros dos años más a sobrevivir ese test que a gobernar cumpliendo objetivos planificados. El resultado es una democracia que piensa en ciclos de dos años en un mundo que demanda estrategias de largo plazo.

El nuevo pacto debe incorporar: mandatos unificados de cuatro años para diputados y senadores, eliminación de las elecciones intermedias, y renovación del Congreso en su totalidad al inicio de cada período presidencial. Eso no solo reduce costos económicos e institucionales: permite gobernar con horizonte. También debe revisarse el Consejo de la Magistratura para que incorpore genuina participación popular en la designación de los magistrados, rompiendo la endogamia corporativa que lo captura sistemáticamente.

“Una democracia que piensa en ciclos de dos años no puede gobernar en un mundo que demanda estrategias de décadas.”

La crisis del control de constitucionalidad difuso

Hay un problema institucional que rara vez se nombra con la claridad que merece: el sistema argentino de control de constitucionalidad es difuso, concreto y casuístico. Cualquier juez, de cualquier instancia o fuero, puede declarar inconstitucional una norma. El resultado es previsible: inseguridad jurídica extrema —la misma ley puede ser válida en Entre Ríos e inconstitucional en Córdoba—; lentitud sistémica —para que una declaración de inconstitucionalidad tenga efecto general se necesitan años o décadas de litigios encadenados—; y fragmentación de la voluntad legislativa: el Congreso puede aprobar una norma con todas las mayorías constitucionales y un juez de primera instancia puede suspenderla para miles de personas al día siguiente. El nuevo pacto propone reemplazar este caos por un sistema concentrado, con un Tribunal de Garantías Constitucionales que tenga competencia exclusiva y originaria para declarar inconstitucionalidades con efecto general. Eso no elimina el rol de los jueces: los mantiene en su función de inaplicar normas en casos concretos, pero les quita la potestad de alterar el ordenamiento jurídico general con una decisión unilateral.

El andamiaje de control

La reforma de 1994 incorporó la Defensoría del Pueblo (Art. 86), la AGN (Art. 85) y el Art. 43. Por vía legislativa se sumó la Oficina Anticorrupción (Ley 25.233/1999). Tres décadas después, el balance es magro. El nuevo pacto debe rediseñarlos con tecnología para el control en tiempo real, participación ciudadana real y mecanismos de rendición de cuentas con consecuencias jurídicas concretas.

“Un organismo que detecta irregularidades pero no puede actuar sobre ellas no controla: certifica.”

X	Nuevos derechos para la era de la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Los derechos del siglo XX no describen las amenazas del siglo XXI. La manipulación algorítmica de la percepción, la vigilancia masiva mediante IA, la apropiación de datos cerebrales y la discriminación por sesgos codificados son violaciones a la dignidad que los marcos jurídicos vigentes no contemplan suficientemente.

Neuroderechos. Privacidad cognitiva —los datos cerebrales son inviolables—; libre albedrío como derecho fundamental frente a tecnologías de modulación conductual; prohibición de interfaces cerebro-máquina con fines de control social, laboral o comercial.

Soberanía epistémica. Derecho a saber cuándo un sistema automatizado toma decisiones que nos afectan, a conocer los criterios y a apelar ante un ser humano con capacidad de revisión sustantiva.

Protección de datos como derecho de cuarta generación. La Ley N° 25.326 y la Ley N° 27.699 —que incorpora el Convenio 108+ del Consejo de Europa— son el punto de partida normativo vigente, valioso pero insuficiente. La reforma debe consagrar estos derechos como complementarios al Art. 43 vigente, siguiendo la técnica de la reforma de 1994 (Art. 75 inc. 22 CN).

Derecho al anonimato en el espacio público digital. La vigilancia sistemática del comportamiento en internet produce un efecto disciplinador sobre la libertad de expresión y la disidencia. El derecho al anonimato es un derivado directo de la soberanía epistémica: nadie puede ser perfilado ni perseguido por su actividad en línea sin autorización judicial.

Derecho a la desconexión. En una sociedad donde la presencia digital es permanente y la frontera entre trabajo, ocio y vida privada se ha disuelto, el derecho a desconectarse sin consecuencias laborales, sociales ni políticas es una condición de salud y autonomía. Es la actualización del derecho al descanso para los tiempos de la conectividad permanente.

Derecho al anonimato en el espacio público digital. La vigilancia sistemática del comportamiento en internet produce un efecto disciplinador sobre la libertad de expresión y la disidencia. El derecho al anonimato es un derivado directo de la soberanía epistémica: la garantía de que nadie sea perfilado ni perseguido por su actividad en línea sin autorización judicial.

XI	Diez puntos para refundar el pacto

A modo de síntesis propositiva, el Instituto Argentina 2050 organiza la agenda en dos bloques. El primero —el corazón del documento— son cinco ejes de reforma constitucional e institucional para Argentina. El segundo es un posicionamiento estratégico frente al nuevo orden mundial. Tres grandes transformaciones atraviesan transversalmente ambos bloques y dan sentido al conjunto:

De la democracia formal y de baja intensidad a la democracia viva. Una democracia que no termina en el voto sino que se despliega en el acceso real a los recursos, los derechos y las decisiones colectivas. Las instituciones ya no pueden limitarse a administrar la alternancia del poder: deben garantizar la participación efectiva, la soberanía sobre los recursos propios y la protección frente a los nuevos poderes que amenazan la autonomía ciudadana —plataformas digitales, poderes judiciales capturados, medios concentrados—.

De la riqueza sin poder a la soberanía integral. Argentina tiene recursos extraordinarios —litio, hidrocarburos, agua, tierra, biodiversidad, datos— pero carece de los instrumentos constitucionales para convertir esa riqueza en desarrollo soberano. La reforma debe blindar esa ecuación: recursos + industria + defensa + tecnología propia = soberanía real.

De la Constitución como palímpsesto a la Constitución como organismo vivo. El texto constitucional vigente es una superposición de capas de distintas épocas con lógicas contradictorias. El nuevo pacto debe construir una arquitectura jurídica coherente para el siglo XXI: con mecanismos de actualización ágil, control de constitucionalidad concentrado y derechos de cuarta generación que protejan al ciudadano frente a los poderes del nuevo tiempo.

Bloque I — Argentina: cinco puntos para el nuevo pacto doméstico

1. Nueva arquitectura constitucional (el marco). Reforma constitucional integral que incorpore: derechos digitales, neuroderechos, protección de datos y soberanía tecnológica; recursos estratégicos como bienes comunes inalienables con cláusulas de industrialización y defensa soberana; principios sobre gestión soberana de la deuda con responsabilidades y penas concretas; y los nuevos derechos de cuarta generación.
2. Reforma del Estado: justicia, control, medios y sistema electoral (las instituciones). Rediseño profundo del Poder Judicial. Actualización del andamiaje de control. Regulación de la concentración mediática como condición democrática. Mandatos de cuatro años para diputados y senadores, eliminación de elecciones intermedias: gobernar con horizonte.
3. Soberanía sobre recursos estratégicos, servicios esenciales y defensa (el contenido). Litio, hidrocarburos, agua, tierra, biodiversidad, datos, conectividad y capacidad de defensa e industria estratégica como política de Estado constitucional. Sin industrialización local y sin poder de sostener lo que tenemos, tenemos riqueza sin soberanía.
4. Trabajo, educación y propósito (la dimensión social y existencial). Abrir con honestidad el debate sobre cómo garantizar dignidad, recursos y sentido en una economía que escala su automatización. Transformación educativa hacia pensamiento crítico, alfabetización algorítmica y formación del propósito.
5. Nueva democracia y federalismo real (la dimensión política y territorial). Plataformas digitales de deliberación ciudadana, transparencia algorítmica del Estado. Federalismo real que redistribuya recursos y poder cultural. Más Argentina, no menos: una Nación donde cada región tiene lo que necesita para desarrollarse.

Posicionamiento estratégico de Argentina en el nuevo orden mundial

El proceso de refundación interna no ocurre en el vacío. Argentina se posiciona en este debate desde una perspectiva que combina la urgencia doméstica con la responsabilidad de un país que tiene voz propia en el concierto latinoamericano y global. Los siguientes cinco puntos no son propuestas de reforma constitucional sino declaraciones de posicionamiento estratégico: cómo Argentina entiende el mundo que viene y qué lugar quiere ocupar en él.

• Un nuevo contrato social mundial. La humanidad necesita un nuevo pacto que distribuya los beneficios de la automatización. Como anticipó José Ignacio Latorre, las preguntas sobre libre albedrío, consciencia y dignidad no pueden separarse de las decisiones técnicas que tomamos o delegamos.
• Gobernanza global de la tecnología. ¿Quién decide cómo funciona la IA que organiza la vida de millones? La humanidad necesita organismos internacionales con poder real y tratados sobre IA equivalentes a los de armas de destrucción masiva.
• La nueva geopolítica. La disputa hegemónica del siglo XXI es tecnológica. América Latina debe definir estrategias propias o será un espacio de extracción sin control sobre los sistemas que moldearán su desarrollo.
• Derechos humanos en la era algorítmica y cuántica. Los neuroderechos, la privacidad cognitiva y la soberanía epistémica son los derechos civiles de la nueva era.
• El sentido de lo humano en la era de las máquinas. Emilio Duró: la clave no es el éxito ni la actitud, es el sentido de vida. Nick Bostrom: la abundancia tecnológica sin propósito colectivo puede ser tan devastadora como la escasez. La respuesta no es individual: es política y civilizatoria.

“Lo que está en juego no es la tecnología.

Es el modelo de humanidad que queremos construir.”

— Instituto Argentina 2050 · Buenos Aires, marzo de 2026

ANEXO

Propuestas de articulado constitucional

Las propuestas de articulado que siguen son estrictamente un ejercicio didáctico: disparadores para encauzar un debate profundo y urgente, no proyectos legislativos terminados. El mero ejercicio de escritura constitucional requiere de un estudio profuso y detenido de técnica legislativo-constitucional que excede los alcances de este informe y que, en rigor, es materia propia de la Convención Constituyente que lo producirá. Lo que aquí se presenta son ideas orientadoras que buscan abrir la conversación, no cerrarla. Nota técnica: los artículos se conciben como derechos complementarios a los ya consagrados, en los términos del Art. 31 CN y en armonía con el bloque de constitucionalidad federal vigente.

A. Recursos estratégicos (nuevo Artículo 124 bis)

En el marco del federalismo de concertación y sin afectar el dominio originario provincial (Art. 124 CN), los recursos naturales estratégicos —litio, hidrocarburos, agua, biodiversidad, minerales críticos, tierra y datos— son patrimonio estratégico de la República. La Nación y las provincias, a través de los organismos federales competentes, establecerán por leyes de presupuestos mínimos —en los términos del Artículo 41 CN— estándares mínimos vinculantes de industrialización local, sostenibilidad ambiental y recuperación de valor. La recuperación de valor incluye la participación estatal en la renta extraordinaria generada por la explotación de recursos no renovables, como base para la constitución de fondos soberanos de desarrollo. Queda prohibida la enajenación en términos que comprometan la soberanía nacional. El Estado garantizará recursos presupuestarios constitucionales mínimos para la defensa nacional y la industria estratégica. La industrialización local de estos recursos es además una obligación derivada de la Cláusula de Progreso Ambiental y Tecnológico: el deber constitucional de garantizar el desarrollo humano sustentable ya consagrado en los Artículos 41 y 75 incisos 18 y 19 CN.

B. Deuda pública (nuevo Artículo 75 inciso 8 bis)

Corresponde exclusiva e indelegablemente al Congreso autorizar el endeudamiento externo en moneda o bajo ley extranjera, mediante ley especial aprobada por mayoría absoluta de ambas Cámaras, previo dictamen de la Comisión Bicameral de Transparencia y Auditoría de la Deuda con participación ciudadana. Queda prohibida toda delegación legislativa y el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia para la contratación de crédito público externo. Este artículo constitucionaliza y blinda el estándar ya consagrado por la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, elevándolo a rango constitucional para sustraerlo de la discrecionalidad política ordinaria. La ilegitimidad manifiesta por condiciones leoninas, falta de transparencia o violación de derechos humanos constituye causa de nulidad fundada en el Art. 75 inc. 22 CN. La ilegitimidad manifiesta configura además una vulneración de los derechos humanos financieros del pueblo: el endeudamiento irresponsable afecta la base material de cumplimiento de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), comprometiendo el financiamiento de salud, educación y desarrollo por generaciones. Los delitos cometidos en violación de estos procedimientos son imprescriptibles bajo la figura de delito económico de lesa democracia, asimilados a los atentados contra el orden democrático del Artículo 36 CN.

C. Poder Judicial y reforma electoral (reforma de Arts. 114,115, 50 Y 56)

La Corte Suprema estará integrada por 13 jueces: uno por cada región del país y siete nacionales, todos por concurso público de antecedentes y oposición. Funcionará organizada en salas especializadas —constitucional, penal federal, civil y comercial, contencioso administrativo, y derechos humanos y nuevas tecnologías— con competencia plena del tribunal para causas de trascendencia institucional. Los jueces durarán 12 años sin reelección. El Consejo de la Magistratura incluirá dos ciudadanos elegidos directamente por el pueblo con mandato de cuatro años. Los diputados y senadores durarán cuatro años y serán renovados en su totalidad al inicio de cada período presidencial, eliminando las elecciones de medio término.

D. Neuroderechos (nuevo Artículo 43 bis)

Toda persona tiene derecho a la privacidad cognitiva, la integridad mental y la autodeterminación sobre sus datos cerebrales. Las interfaces cerebro-máquina requieren consentimiento expreso, informado y revocable, solo para fines terapéuticos autorizados. Queda prohibida su imposición para el acceso al empleo, la educación, la salud o la participación política.

E. Conectividad y servicios esenciales (nuevo Artículo 42 bis)

El acceso a internet de banda ancha es un derecho fundamental y servicio público estratégico. El Estado garantizará su disponibilidad en condiciones de igualdad real en todo el territorio. Los prestadores no podrán condicionar su prestación a la cesión de datos personales más allá de los estrictamente necesarios.

F. Soberanía epistémica y protección de datos (nuevo Artículo 43 ter)

Toda persona tiene derecho a conocer cuándo una decisión que la afecta fue tomada o asistida por un sistema automatizado, a conocer los criterios utilizados y a impugnarla ante un órgano humano con capacidad de revisión sustantiva. Los datos personales son propiedad de quien los genera y su tratamiento requiere consentimiento explícito, informado y revocable. Se reconocen expresamente como derivados de la soberanía epistémica: el derecho a la desconexión digital sin consecuencias laborales, sociales ni políticas; y el derecho al anonimato en el espacio público digital, que prohíbe el perfilamiento o seguimiento de la actividad en línea sin autorización judicial previa. Este artículo es complementario al Art. 43 vigente, en concordancia con la Ley N° 25.326 y la Ley N° 27.699 (Convenio 108+ del Consejo de Europa).

G. Control de constitucionalidad concentrado: Tribunal de Garantías Constitucionales (nuevo Artículo 116 bis)

El sistema actual de control difuso genera tres fallas críticas: inseguridad jurídica extrema (una misma norma puede ser constitucional en una provincia e inconstitucional en otra); lentitud sistémica (la declaración solo aplica al caso concreto, requiriendo años de litigios para efecto general); y fragmentación de la autoridad legislativa (la voluntad del Congreso queda supeditada a miles de interpretaciones atomizadas). Para resolver estas fallas se propone la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Su primera función es la casación constitucional: unificar doctrina cuando existan fallos contradictorios entre provincias o instancias, garantizando que todos los argentinos vivan bajo la misma interpretación de la Constitución. Su segunda función es el control en abstracto: cualquier ciudadano u órgano del Estado podrá solicitar la revisión de una ley sin necesidad de esperar un litigio personal. La declaración de inconstitucionalidad produce efecto erga omnes automático: caducidad o pérdida de vigencia inmediata de la norma para todo el país. Los jueces de instancias inferiores mantienen la facultad de inaplicar normas en casos concretos cuando no exista pronunciamiento del Tribunal, siendo esa decisión apelable ante el mismo como única instancia revisora. Este diseño no aniquila el federalismo judicial: lo unifica sin suprimirlo. Una ley sospechada de inconstitucionalidad se resolverá en meses, no en décadas.

H. Cláusula de Actualización Dinámica de la Constitución (reforma del Artículo 30)

El sistema vigente es pétreo: cualquier modificación constitucional, por pequeña que sea —incluso incorporar un derecho digital— exige una Ley de Necesidad de Reforma y una Convención Constituyente completa, un proceso costoso y traumático que la política suele evitar indefinidamente. El resultado es una Constitución que no puede respirar ni actualizarse al ritmo de las transformaciones civilizatorias. La reforma del Artículo 30 propone incorporar la Cláusula de Actualización Dinámica: un mecanismo que especializa —no reemplaza— a la Convención Constituyente, habilitando la actualización de artículos específicos sin necesidad de una refundación total. Procedimiento: las actualizaciones de carácter técnico o la incorporación de nuevos derechos podrán realizarse mediante Enmiendas aprobadas por dos tercios de los miembros de cada Cámara en dos períodos legislativos consecutivos. Ratificación democrática: cuando la enmienda afecte la parte dogmática —derechos y garantías fundamentales— deberá ser ratificada por Referéndum Popular Obligatorio, dotando de legitimidad ciudadana directa a la actualización del pacto. Las reformas a la parte orgánica —estructura de poderes, competencias, federalismo— requerirán Convención Constituyente. Este mecanismo permite que la Constitución sea un organismo vivo capaz de proteger a los ciudadanos frente a los desafíos de la era digital y cuántica sin necesidad de una refundación total cada vez que el tiempo exige ajustes.

Referencias

Autores citados

José Ignacio Latorre — Cuántica: tu futuro en juego (Ariel, 2017) · Emilio Duró — Conferencias sobre propósito y sentido de vida · Viktor Frankl — El hombre en busca de sentido (1946) · Shoshana Zuboff — La era del capitalismo de la vigilancia (2019) · Kate Crawford — Atlas of AI (2021) · Daron Acemoglu y Simon Johnson — Power and Progress (2023) · Aaron Benanav — Automation and the Future of Work (2020) · Nick Bostrom — Deep Utopia (2024) · Mariana Mazzucato — El Estado emprendedor (2013) · Yuval Noah Harari — Homo Deus (2015) · Byung-Chul Han — En el enjambre (2013) · Shannon Vallor — Technology and the Virtues (2016) · Álvaro García Linera — La potencia plebeya (2008) · Arantxa Tirado Sánchez — El lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley (2021) · Silvina Romano / CELAG — Lawfare y neoliberalismo en América Latina (2019) · Rutger Bregman — Utopía para realistas (2017)

Antecedentes normativos

Constitución Nacional Argentina — Reformas de 1853, 1949, 1994 · Ley N° 21.383 de Chile (2021) sobre neuroderechos · Ley N° 25.326 — Protección de Datos Personales · Ley N° 27.699 — Convenio 108+ del Consejo de Europa (2022) · AI Act de la UE · GDPR · Art. 75 inc. 22 CN · Art. 124 CN · Res. 145/2025 APN

Publicaciones del Instituto Argentina 2050

«El mundo ya no espera al derecho» (mar. 2026) · «La nueva civilización algorítmica» (nov. 2025) · «El día después del trabajo» (ago. 2025) · «Auditar para Reconstruir» (ago. 2025) · «El futuro ya no es digital: es cuántico» (jul. 2025) · «Argentina necesita un nuevo contrato social» (ene. 2025) · «¿Legislar o resignarse?» (may. 2025)

*  Sobre el Instituto Argentina 2050

Fue fundado y es dirigido por Martín Doñate —Abogado, Lic en Ciencias Sociales, Ex Senador Nacional. Autor de los proyectos de Ley de Regulación de Inteligencia Artificial y de Protección de Datos Personales. Fundador de Digital Human Lex (DHLex), estudio jurídico especializado en derecho digital y ciberseguridad.