Plan de Acceso al Trabajo y la Redistribución del Ingreso a la Argentina (P.AT.R.IA.)
Introducción
Argentina atraviesa una crisis política y social de la que, sin lugar a dudas, saldrá en algún momento. El interrogante es en qué situación quedará y cómo va a hacer para levantarse.
Es preciso planificar con anticipación e ir diseñando herramientas que permitan, en el menor tiempo posible, paliar las asimetrías y formular las plataformas de políticas públicas que ayuden a dar inicio a la reconstrucción.
La idea es poner en discusión la necesidad de construir un mecanismo de acceso a estándares de vida para las familias que han caído en niveles muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia y, al mismo tiempo que, propendan a incentivar, motorizar y canalizar la redistribución del ingreso, con un criterio signado por la inclusión laboral y la recuperación del mercado interno.
En esa línea, proponemos crear el Plan de Acceso al Trabajo y la Redistribución del Ingreso en la Argentina (P.A.T.R.I.A) que consiste en la promoción del empleo registrado y en la protección de las fuentes de trabajo junto a un Ingreso Básico Complementario que brinda el acceso a productos de consumo esenciales a los grupos familiares en situación de mayor vulnerabilidad social.
El PATRIA se basa en los siguientes objetivos:
- Aportar a la recuperación industrial y productiva en su conjunto,
- Incentivar la contratación y el empleo registrado,
- Mejorar las condiciones de ingreso del sector laboral,
- Aumentar el consumo de bienes y servicios,
- Reactivar la economía.
Como requisito para percibir la suma fija que compone este Ingreso Básico Complementario (que será depositada mensualmente), el titular deberá participar de cursos de capacitación destinados a lograr su futura reinserción laboral, así como en proyectos productivos o en servicios comunitarios.
Por su parte, los productores, empresarios o comerciantes que contraten a personas que perciban el Ingreso Básico Complementario mensual, podrán computar dicha suma a cuenta del pago de las remuneraciones. Naturalmente, el empleador no podrá despedir a una persona para ocupar su puesto con un trabajador bajo este régimen. De esta manera empezaremos a cumplir la ansiada meta de ir convirtiendo planes en puestos de trabajo.
El PATRIA tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por un año más.
La cuestión del financiamiento de este plan resulta nodal. Se crea el Fondo Especial Patria, integrado por las partidas del Presupuesto General de la Nación correspondientes a los programas suspendidos; los recursos provenientes de fondos específicos o asignaciones especiales; donaciones y legados; préstamos y asignaciones provenientes de organismos internacionales, rentas generadas por el propio fondo, y las sumas que el Estado perciba en razón del régimen de regularización de activos que se establezca durante la vigencia del plan.
Además, será integrado por las sumas que se perciban en razón del aporte PATRIA, de carácter extraordinario, solidario y obligatorio. Este aporte alcanzará a todas las personas humanas y sucesiones indivisas que tengan bienes cuyo valor total exceda de los novecientos millones de pesos ($ 900.000.000).
Asimismo, también se considera integrar al Fondo Especial Patria, con las sumas que el Estado Nacional no desembolsará a partir de la rediscusión de las condiciones de la toma de deuda ilegítima e ilegal con el FMI.
El PATRIA no se trata de un plan asistencialista. Por el contrario, busca ayudar a la recuperación industrial y productiva en su conjunto, incentivando la contratación y empleo registrado a la vez que permita mejorar las condiciones de ingreso del sector laboral con baja remuneración y así aumentar el consumo de bienes y servicios, lo que sin duda redundará en un rebote de la economía.
Para comprender la propuesta, es de suma importancia tener en cuenta que se ha tomado como antecedente el Ingreso Básico Universal entendido como un instrumento que pueda abonar al debate en la perfectibilidad de las políticas sociales y laborales integrales, coherentes y unificadas, y que, a su vez, garantice los derechos elementales para la vida de las familias argentinas, en coordinación con el mercado.
Asimismo, entender a la seguridad social como un sistema integral de protección que abarca un conjunto de instituciones cuyo objetivo principal es salvaguardar a los individuos de diversas contingencias que puedan afectar su bienestar, como la vejez, la invalidez, la enfermedad, entre otras.
En países periféricos, estas contingencias tienden a ser más estructurales, lo que se refleja en niveles elevados de pobreza y desempleo. A lo que se suma que, la estructura económica heterogénea, como es la de los países latinoamericanos, contribuye a la precarización laboral de una parte significativa de la Población Económicamente Activa (PEA).
Esta precarización laboral, subraya la necesidad de sistemas de seguridad social más inclusivos y solidarios, puesto que, los modelos basados exclusivamente en contribuciones individuales no logran cubrir adecuadamente a una parte importante de la población activa, lo que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores frente a contingencias como la pérdida de empleo o enfermedades graves.[1]
Para abordar esta realidad, es crucial diseñar políticas y programas que fomenten una mayor equidad y protección social para todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral o socioeconómica. Para ello, la seguridad social debe evolucionar hacia modelos más integrales y sostenibles, que combinen adecuadamente la contribución individual con mecanismos de solidaridad y redistribución, que garanticen una cobertura universal y equitativa, fortaleciendo así la protección social y coadyuvando al desarrollo económico sostenible de las sociedades.
Históricamente, en nuestro país, la seguridad social se ha sustentado en beneficios contributivos, es decir, en prestaciones financiadas a través de aportes y contribuciones provenientes del trabajo formal registrado. No obstante, a partir del año 2005, el sistema de protección social ha experimentado un giro significativo hacia la universalización de las prestaciones, destacándose dos componentes principales: la previsión social y las asignaciones familiares. Esta transición se evidencia en iniciativas como el Plan de Inclusión Previsional de 2005 y la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009. Estos cambios han ampliado la base de financiamiento de la seguridad social, incorporando una diversidad de tributos que contribuyen a sostener este sistema.[2]
En la actualidad, en nuestro país, las transferencias de ingresos a cargo del Estado se concentran principalmente en los grupos etarios de la niñez y la adultez, que corresponden a la población inactiva, combinando tanto prestaciones contributivas como no contributivas. Sin embargo, dentro del grupo de la población activa, persiste una considerable cantidad de personas que no se encuentran cubiertas por políticas de alcance universal, pero sí, en algunos casos, beneficiaria de ciertos programas parciales. Esta brecha en la cobertura plantea un desafío significativo en términos de equidad y protección social.
Así, la propuesta del Ingreso Básico Universal surge como respuesta a una serie de razones que sin dudas tiene que ver con la coyuntura y los indicadores de pobreza, ingresos, empleo informal que presenta la economía argentina. Pero también, desde una consideración estructural, puesto que las economías como la argentina, exhiben una marcada heterogeneidad en su estructura laboral.
Y como se señaló, esta heterogeneidad se traduce en formas precarias de inserción laboral para vastos segmentos de la población, lo que resulta en altos niveles de informalidad, desempleo y subempleo como los que observamos en la actualidad.
En este contexto, el Ingreso Básico Universal se presenta como un mecanismo que busca contrarrestar las deficiencias del mercado laboral y también a quienes no pueden participar de él, como las mujeres que dedican un porcentaje grande de su tiempo a los trabajos de cuidados no remunerados[3], proporcionando un ingreso mínimo garantizado que permita a los individuos satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a reducir la desigualdad económica.
Indicadores socioeconómicos
En relación a los indicadores de pobreza, ingresos, y empleo informal que presenta la economía argentina, al no contar con datos actualizados, ni correspondencia en relación a las fechas, no es posible extraer conclusiones que reflejen el estado actualizado de la situación. Sin embargo, estos datos son ilustrativos y permiten una deducción que acredita lo que se viene sosteniendo en relación a la coyuntura de la economía y a la heterogeneidad estructural del mercado laboral.
Acerca de los indicadores de empleo, claramente están desfasados, teniendo en cuenta la cantidad de despidos que se han informado en los diferentes medios de comunicación tanto en el sector privado como en el público. Pero, incluso a dicho corte, ya se puede vislumbrar que, a pesar de haber disminuido la tasa de desempleo en los últimos años, hay un amplio sector de la población que queda excluido.
Por ello, sin pretender realizar un análisis exhaustivo y sin perder de vista la desactualización de los datos oficiales, podemos extraer del informe técnico del INDEC que, para el cuarto trimestre de 2023, relativo a la Encuesta permanente de hogares, el mercado de trabajo y tasas e indicadores socioeconómicos expresa[4]: “ … la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,6%; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,8%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 5,7%. La tasa de subocupación resultó del 10,5% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 27,4% de la PEA.”
Ante este actual contexto, es de estimar que la presión sobre el mercado laboral no disminuyó, sino por el contrario es mayor, producto de los ya señalados despidos. Y continúa el informe señalando: “Dentro de la población ocupada (45,8%) se destacó que: El 73,7% son asalariados –de ellos, el 35,7% no cuenta con descuento jubilatorio–, mientras que el 22,6% trabajan por cuenta propia, el 3,4% son patrones y el 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración. Entre los asalariados ocupados, el 5,2% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo. Al mismo tiempo, del total de ocupados, el 8,3% trabajó desde la vivienda. ”.
Esto nuevamente, a pesar de la ya informada desactualización, también es suficiente para acreditar la necesidad de sistemas de seguridad social más inclusivos y solidarios, puesto que, los modelos basados exclusivamente en contribuciones individuales ya son insuficientes, ante el gran índice de informalidad.
A todo esto, hay que sumar, que, si bien, no se cuenta con datos actualizados, que habiliten realizar una comparación válida entre los ingresos de las personas y los costos de la canasta básica, si podemos señalar en relación al índice general de precios al consumidor, que se registró un alza mensual de 11% en marzo de 2024 (correspondiendo el 9,8% a bienes y el 15,5% a servicios), acumulando una variación de 51,6%. En la comparación interanual, el incremento fue del 287,9%[5]. Por lo que el panorama es desalentador y preocupante.
Por su parte, durante marzo de 2024, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 10,9% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 11,9%. Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 308,2% y 304,4%, en términos interanuales, y acumulan en el año incrementos del 48,8% y 56.0%, respectivamente.[6]
Atento la virulencia de los aumentos producidos en un corto plazo, es evidente el impacto que van a tener en los indicadores de pobreza e indigencia, puesto que se amplía cada vez la distancia entre ingresos y canastas básicas.
Los datos señalados son suficientes para poner al desnudo los niveles de pobreza, indigencia, ingresos, y de empleo informal que presenta la economía argentina. Por lo que, ante un panorama que avizora mayores niveles de exclusión sociolaboral, nos enfrentamos a la pregunta crucial de cómo establecer un piso de ingresos que garantice, al menos, las necesidades alimentarias más básicas para toda la población. Y por eso, el presente informe pretende poner en agenda esta discusión.
¿Políticas sociales vs. crecimiento económico?
En el actual contexto, consideramos necesario, a pesar de los discursos estatales en sentido contrario, avanzar en todas aquellas discusiones que como sociedad nos debemos. Y en esto, es necesario buscar un punto de encuentro, la necesidad de inversión social, otorgando mayor previsibilidad a las prestaciones e integrando las necesidades sociales a las económicas y laborales.
En necesario superar aquellas ya vetustas críticas que sugieren que el “gasto social redistributivo” tiene influencia negativa e inhibidora en el desarrollo económico. Las políticas sociales y el crecimiento económico son mutuos reforzadores y potenciadores; más aún, la política social es una precondición necesaria para el crecimiento económico. La inversión social genera crecimiento en mediano y largo plazo; minimiza la transferencia intergeneracional de la pobreza, y las desigualdades.
El paradigma neoliberal sostiene que el mercado es el mecanismo más eficaz y válido para definir el acceso a los bienes públicos, a la distribución de la riqueza y a la propiedad. La sociedad así pensada, apunta a una conglomeración de personas separadas, aisladas que van al mercado individualmente para satisfacer sus necesidades conforme son sus capacidades personales, recursos y propiedades.
Hay quienes describen al mercado como un ente suprahumano, sin intereses y por lo tanto justo, pero desconocen que la estructuración social de la economía es netamente humana y por tanto susceptible de influencias que son ejercidas por quienes ocupan posiciones heredadas de poder, en este mismo mercado.
El mercado tiene y promueve intereses específicos y la meritocracia en la que se sostiene este ocultamiento, borra de los discursos la desigualdad en los puntos de partida, de quienes justamente participan y condicional al mercado.
Por ello, el Estado bajo este paradigma no es garante de derechos, y menos de la inversión social, sino que “sirve” solo para garantizar el libre desenvolvimiento de las fuerzas económicas conforme las influencias de poder. Por tanto, las políticas sociales que se implementan, no tienen como norte, la inclusión, la dignidad y los derechos, sino que son entendidas como mero asistencialismo.
Esto se acredita en el mantenimiento de algunas políticas sociales del Gobierno anterior y en el desmantelamiento de las restantes. En estos pocos meses de gobierno que han transcurrido, ya quedó demostrado que una matriz excluyente de las políticas sociales tampoco es el camino para la prosperidad.
Hoy nuevamente nos encontramos inmersos en una fuerte crisis, no solo nacional, sino también mundial, con el regreso a las mismas recetas que llevaron tanto en la década del ‘90, como en el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri a la desintegración del entramado social, con mayores índices de pobreza, indigencia, desempleo y desigualdad social.
Propuesta: el Ingreso Básico Universal
Esta propuestaorientada a mejorar el desarrollo social integral de las personas en la Argentina no es innovadora, pues implica continuar el camino trazado hacia la universalización de las prestaciones con Plan de Inclusión Previsional y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
No implica una ayuda sino una verdadera inclusión social. Es una respuesta a la pobreza y al desempleo, pues asegura una cobertura, cuanto menos, de las necesidades básicas de aquellos que no las tienen. Al implicar el Ingreso Básico Universal, en los hechos una transferencia monetaria, entendemos que el debate que proponemos debe girar en torno a discutir qué debería garantizar ese piso mínimo de ingresos. ¿El acceso a una canasta alimentaria, el acceso a todos los bienes que necesita un individuo para el normal desenvolvimiento de una vida digna, un ingreso que cubra sus necesidades habitacionales?, etc.
Como sociedad no podemos culpar a los desempleados y excluidos por una situación que no eligieron[7], y hoy, incluso a aquellos asalariados cuyos ingresos no alcanza para cubrir sus necesidades. Estas situaciones son adversas y ajenas, y no se pueden modificar o intervenir con su sola voluntad y menos por la mano invisible del mercado. El mercado por su propia dinámica y lógica no está en condiciones de incluir, sino todo lo contrario, descarta aquello que no le sirve.
Por otro lado, la propuesta del Ingreso Básico Universal, aunque prometedora, no está exenta de críticas y objeciones. Una de las principales objeciones de fondo es que el Estado debería focalizarse en crear empleo de calidad, y no estar subvencionando personas individualmente[8]. Esta objeción plantea un debate fundamental sobre el papel del Estado en la garantía del bienestar económico de sus ciudadanos: ¿debe priorizarse la provisión de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas o la creación de empleo? ¿son realmente excluyentes en épocas de crisis como las que estamos atravesando? [9] La respuesta a este último interrogante, a nuestro modo de ver, debe ser negativa.
Estas posturas soslayan, que iniciativas como el Ingreso Básico Universal volcarían al consumo, e incentivarían la demanda de la economía. En economías como la Argentina donde el 70% del PBI se explica por el consumo privado, garantizar un piso de ingresos a una población que lo va a gastar en su totalidad, ¿no sería una forma de incentivar la producción e incluso el empleo?.
Y en este sentido, al implicar un incentivo al consumo y en pos de garantizar el poder adquisitivo de las familias y eliminar las distorsiones del mercado y los abusos y perjuicios que generan las conductas oligopólicas en el mercado de bienes esenciales, también deberá establecerse un sistema de administración de precios para productos de consumo masivo y esencial mediante la determinación de una canasta de productos básicos y esenciales con el objeto de asegurar su abastecimiento con precios ciertos, razonables y transparentes.
Se ha sostenido que, “… la renta básica tiene por objetivo el reparto, entre todos los ciudadanos, de una fracción de la riqueza generada socialmente, que es independiente de la participación en el proceso productivo, asegurando de esta manera la cobertura de necesidades básicas. Los elementos constitutivos que la distinguen de otros esquemas de política social son los de “incondicionalidad”, “universalidad” y duración “ilimitada” y su fundamento se encuentra en la desvinculación entre empleo y renta, poniendo en duda la racionalidad de seguir uniendo al trabajo asalariado con el ejercicio pleno de los derechos económicos.”[10]
Así, el Ingreso Básico Universal, para cierto sector de la doctrina, representa una respuesta al agotamiento de la sociedad salarial, expresándose en los siguientes términos: “… la prédica a la inclusión por empleo se defronta con la situación de escasez de puestos de trabajo y una incapacidad, tanto del mercado como del Estado, de garantizar el derecho al empleo (Lo Vuolo, Raventós y Yanes, 2011; Lo Vuolo, 2009). Por otro lado, se entiende que las personas son capaces de realizar actividades socialmente útiles y por las cuales merece que se les retribuya con parte de la riqueza creada socialmente (Lo Vuolo, 1995).”[11].
A lo que hay que sumar, los cambios en la ciencia y la tecnología que disrumpen en la prestación de servicios de maneras otrora impensadas y que generan nuevos márgenes de exclusión laboral.
Sobre este entendimiento, podría incluso sostenerse que, si el Ingreso Básico Universal desvincula el empleo asalariado de los ingresos, como externalidad, va a contribuir a una flexibilidad del mercado de trabajo, otorgando mayor libertad de acción y mejores condiciones de negociación en manos del trabajador. Todas estas cuestiones deben necesariamente ser abordadas y debatidas.
Las consecuencias que generan las brechas de desigualdad, sólo pueden ser contrarrestadas propendiendo a una mayor equidad en las relaciones económicas, donde los mayores resultados estén vinculados a una mejora en el ingreso del total de la población; dejando atrás los procesos de transferencia generacional de la pobreza. Y en este esquema, el Ingreso Básico Universal, se presenta como una oportunidad para valorar las actividades socialmente útiles que se realizan, pero que no se retribuyen, y redistribuir parte de la riqueza creada por el conjunto de la sociedad.
A lo que se suma, que esta herramienta, parte también de una perspectiva de género, aportando significativamente a la autonomía económico – financiera de las mujeres, repercutiendo por tanto en todos los órdenes.
Fragmentación de las políticas sociales y de empleo.
Se debe partir de la base que la fragmentación de las políticas sociales, económicas y de empleo en diversos programas, muchas veces lleva a la duplicación de los gastos y superposiciones; en otras ocasiones no cumple con los objetivos trazados, dejando márgenes de exclusión en la cobertura universal y desigualdades no deseadas. Esto se verifica principalmente en la población económicamente activa (PEA). Sin embargo, tales falencias en la implementación nunca pueden llevar a justificar la eliminación absoluta de políticas y programas que fomenten una mayor equidad y protección social.
Si bien, en este subtema tampoco se cuenta con datos actualizados a la fecha de la publicación del presente informe en relación a los programas que subsisten bajo la presidencia de Javier Milei, claramente de las publicaciones en el Boletín Oficial, surgen que varios de los mismos han sido cancelados, sin aplicar un criterio compensador, unificador o superador.
De la última publicación realizada sobre los programas sociales existentes a 2023[12], hay (171) programas con preminencia en la órbita el Ministerio de Desarrollo Social.
De esto surge, la necesidad de profundizar la integralidad, coordinación y unificación de las políticas y programas que fomenten una mayor equidad y protección social y no, su mera eliminación como está sucediendo en la actualidad.
Y, a la referida universalidad, debemos incorporar también la coordinación de las políticas sociales, económicas, de desarrollo y de empleo, sumándolas al debate que se propone. En este sentido, a fin de no caer en reduccionismos, esta redistribución mediante el Ingreso Básico Universal, no elimina en forma alguna el derecho a trabajar, sino que aumenta el marco existente y dota a las personas de medios materiales para el acceso a derechos.
Por ello, es necesario poner en debate, su complemento con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las demás prestaciones no contributivas vigentes, suspendiendo el resto de programas que se superponen a fin de garantizar la integralidad y evitar márgenes de exclusión no deseados, reduciendo los costos administrativos de implementación, agilizando la tramitación y aprovechado los insumos tecnológicos, de datos y personal capacitado a los fines de la aplicación.
La falta de coordinación de las políticas públicas, podría resentir los objetivos establecidos por el Ingreso Básico Universal, puesto que la integralidad, implica que, necesariamente debe ir acompañado del fortalecimiento de las políticas de empleo existentes, como pueden ser el incentivo a la contratación y registración de trabajadores, la mejora en el ingreso de los trabajos poco remunerados o la complementariedad de todos los programas alternativos orientados a la capacitación y formación laboral.
Y así, mediante una profundización y fortalecimiento, coherente y coordinado del esquema de políticas sociales, económicas y de empleo, se garantizaría los derechos de las ciudadanas y ciudadanos sobre la base de la solidaridad y equidad, otorgando iguales posibilidades de acceso a las oportunidades que permitan superación y desarrollo, en un contexto de crisis. Y como valor agregado, contrarrestaría las deficiencias del mercado laboral, reduciría los gastos operativos y transaccionales del sistema financiero y otorgaría mayor previsibilidad y control a las prestaciones como al acceso a bienes y servicios básicos.
Implementación en otros países
La Recomendación sobre los pisos de protección social de 2012 (número 202) de la OIT[13] brega por la coherencia en las políticas del Estado para aumentar su capacidad de alcanzar objetivos, con recursos limitados y garantizar que las políticas sociales y económicas se refuercen mutuamente. Así, establece los siguientes principios, entre otros:
- universalidad de la protección, basada en la solidaridad social;
- adecuación y previsibilidad de las prestaciones;
- no discriminación, igualdad de género y capacidad de responder a las necesidades especiales;
- inclusión social, en particular de las personas que trabajan en la economía informal;
- respeto de los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por las garantías de seguridad social;
- realización progresiva, inclusive a través del establecimiento de objetivos y plazos;
- solidaridad en la financiación;
- coherencia con las políticas sociales, económicas y de empleo;
- coherencia entre las instituciones encargadas de la prestación de servicios de protección social.
Asimismo, establece entre las orientaciones a los Estados Miembros que, a los fines de definir las garantías básicas de seguridad social, debe tenerse en cuenta la seguridad básica del ingreso que debería permitir vivir con dignidad.
Por su parte, la recomendación del Consejo Europeo de 1992 invitó a los países miembros de la Unión Europea a desarrollar programas que garanticen ingresos mínimos para sus ciudadanos.
En 2008, la Recomendación de inclusión activa de la Comisión Europea determinó principios y guías para una estrategia comprensiva basada en tres pilares integrales: el apoyo adecuado a los ingresos, mercados laborales inclusivos y acceso a servicios de calidad.
Luego, en 2017, se proclamó el Pilar europeo de Derechos Sociales (PEDS) que postula 20 principios que se enmarcan en tres áreas: igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas, y protección y seguridad social para avanzar hacia una Europa inclusiva, justa, fuerte y llena de oportunidades. En particular, el principio 14 establece que “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a prestaciones adecuadas de renta mínima que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral” (Comisión Europea, 2022)[14].
Lo señalado demuestra, que la propuesta no es innovadora, sino por el contrario, está siendo una demanda a nivel internacional y ya se viene aplicando en numerosos países, como veremos muy brevemente a continuación:
- Finlandia: En 2015 anunció la implantación de un proyecto piloto de “Renta Básica Universal” durante 2017 y 2018. El proyecto alcanzó a solo 2.000 desempleados que percibían 560 euros al mes.
- España: En mayo 2020 se aprobó un ingreso vital mínimo (no exactamente igual al Ingreso Básico Universal) para 850.000 hogares y 1,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. A los hogares beneficiarios se les otorga entre 451,5 y 1.015 euros, dependiendo el tamaño de la familia.
- Alemania: En 2014, la ONG Mein-Grundeinkommen organizó una campaña de recaudación de fondos para destinar unos USD 1.100 al mes a 500 personas. El 80% de los beneficiarios dijo que la ayuda les disminuyó el estrés, más del 50%, que les ayudó a solventar programas de formación y educación, y 35%, que los motivó en el trabajo.
- Alaska: Desde 1982 sus habitantes tienen derecho a una suerte de renta básica como “dividendo” anual del Alaska Permanent Fund. Los dividendos se pagan anualmente y varían con el precio del petróleo. Es más bien un suplemento de ingreso, que promedia unos USD 1.200 al año y no afectó el empleo a nivel macro, como surge de comparar el mercado laboral de Alaska con el de estados vecinos o de perfil similar. Tuvo efectos positivos sobre la educación (mayor asistencia, menos abandono, mejores resultados, en especial entre los más pobres), pero no en términos de empleo, aunque a corto plazo redujo la pobreza e impulsó la fertilidad.
- Irán: Se denominó “transferencia en efectivo” y duró 5 años, hasta 2016.
Implementación en Argentina
El debate social que hoy estamos proponiendo, el torno al Ingreso Básico Universal como propuesta para una sociedad más justa e inclusiva,debe contemplar qué piso de ingresos se deben garantizar, a qué sectores incluir, bajo qué mecanismos, entre muchos otros.
Sobre dichas bases, el Ingreso Básico Universal deberá implicar una transferencia monetaria mensual, gradual, medible a partir de montos objetivos que debemos definir desde el debate y el consenso, y podrían tomarse medidas como la Canasta Básica Alimentaria (que marca la línea de indigencia y se encuentra a marzo de 2024 en $115.873 para un adulto equivalente), la Canasta Básica Total (que mide la línea de ingresos por la que un adulto equivalente no es pobre, y se encuentra en $250.286) o podría analizarse en relación al Salario Mínimo Vital y Móvil (que a marzo 2024 se ubica en $202.800)
La vigencia del mismo, también debe ser sometida a debate, pero adelantamos que nos inclinamos por la transitoriedad. Por otro lado, otra de las cuestiones que debe ser puesta en el análisis es la incondicionalidad y la necesidad de dar prioridad a los sectores de mayor vulneración social. Ello, en principio y hasta que se pueda hacer un circulo virtuoso y las personas ingresen al mercado laboral formal, ya sea asalariado, autoempleo, cooperativo, etc.
Por otro lado, también representaría una oportunidad para la unificación de cuentas de todos los beneficios no contributivos. Lo que permitiría el mejor entrecruzamiento de datos y el uso debido de los beneficios.
En cuanto al financiamiento, en primer lugar, su aplicación efectiva se lograría en parte, mediante el reemplazo de los programas y políticas que se subsumen, mediante una readecuación de partidas, que va implicar una reducción significativa de los costos operativos, pues su implementación demanda un sistema administrativo más sencillo.
Además, debemos señalar que, mucho se ha discutido en relación a los mal llamados “costos” o “gastos” que implicaría un aumento en las prestaciones sociales. Pero, tales posturas, omiten tener en consideración que, lejos de ser costos o gastos, son protecciones e inversiones que incluyen coberturas y accesos a derechos, que replican en el crecimiento económico y en el empleo. Si limitamos la mirada a una perspectiva netamente económico-financiera, evidentemente los resultados no van a ser más que la exclusión social.
Y acá es donde la inversión social destinada a reducir desigualdades no sólo tiene su justificación en razones de ética y en la equidad, sino que también tiene sus implicaciones en la eficiencia económica: detiene el crecimiento de la pobreza, aumenta la productividad y el crecimiento en términos económicos, además de sociales.
En este sentido, se ha discutido en relación a los costos que implicaría una renta universal versus los programas actualmente vigentes y se ha sostenido: “Después de analizar la visión de los organismos multilaterales sobre RB, Dinerstein (2020a), utilizando una metodología de Gutiérrez Lara (2018), presenta el costo de garantizar un Ingreso Básico Universal(IBU) con cuatro escenarios alternativos de valor de la transferencia: un salario mínimo, medio salario mínimo, costo de la canasta básica de alimentos y costo de la canasta básica ampliada para personas entre 15 y 64. En caso de ser equivalente a un salario mínimo el costo alcanzaría 27.2% del PBI, costo que, evidentemente, se reduce a la mitad (13.6%) en caso de ser de 50% del salario mínimo. Si se considera el valor de la canasta de alimentos, su costo llegaría a 6.3%, aumentando a 15,5% si se adopta como referencia el valor de la canasta total. Para su financiación, el autor plantea un sistema impositivo progresivo, de modo de llevar el impuesto a las ganancias al umbral que tiene en países como Finlandia y Bélgica (en torno del 12%) desde el 3,2% que representa en la actualidad en el país. Además, destaca el efecto expansivo que tiene por la mayor recaudación producto de la expansión económica.” y se continúa exponiendo: “El costo estimado de mantener una política como el IFE, que contempló a algo más de 8.7 millones de personas, es de 3,6% del PBI. Un IBU (Ingreso Básico Universal) equivalente al valor de la CBA para personas entre 18 y 65 demandaría destinar el 5.9% del PBI. La diferencia entre ambas políticas es de 2,3% del PBI. Teniendo en cuenta que hay una diferencia sustancial en la unidad de recepción de la transferencia (familiar en el caso del IFE, individual en el caso de la IBU), la intensidad de la cobertura dependerá de la composición específica de cada hogar. [En palabras de Dinerstein, 2020] “Un IBU de estas características, simple, universal, incondicional, regular, básico, individual y monetario, acompañado de una reorganización progresiva del sistema tributario, en especial del IRPF, puede ser uno de los instrumentos útiles para el diseño de un país más igualitario y para la construcción de un nuevo contrato social ciudadano”[15] .
Otra estimación realizada en un estudio de la CTA coordinado por Rameri (2020), estima un costo trimestral y anual de implementación, garantizando una RBU de emergencia de $11.142 a 30,8 millones de personas, en los siguientes términos: “Estimado en $ 1.030.046 millones por trimestre y $ 3.120.148 millones anual. De esos montos, los autores plantean que se debe descontar los programas sociales vigentes, llevando el costo neto a $ 230.318 millones por trimestre y $ 921.272 millones anual. Afrontar esa erogación implicaría redistribuir el 6.7% del presupuesto de 2019 o 2020 (considerando la estimativa de gastos). Ese componente de autofinanciamiento sería de $ 535.000 millones. Eso lleva a afirmar que “garantizar una renta para 31 millones de habitantes tiene un costo neto fiscal de 230.000 millones por trimestre y 921.000 por año”[16].
Por supuesto estos números dependerán del monto de la prestación que se defina, las condiciones de acceso que se fijen, la cantidad de destinatarios, el plazo de la política, entre otras cuestiones que traemos al debate.
En relación a las fuentes de financiamiento, al pretender garantizar un piso universal de ingresos sin dudas debe darse un debate en torno a cuál debería ser el origen de los recursos para que sea efectivamente una política redistributiva.
Dentro de los ejes que traemos a discusión sin duda debe incluirse un impuesto a las grandes fortunas que pueda mantenerse en el tiempo. En relación a Ley N° 27.605, que creó el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” (ASEP), se generaron recursos para el Estado Nacional por $247.503[17]al 17/12/2021, aportados por alrededor de 10.000 contribuyentes, todos pertenecientes al decil de mayores ingresos de la economía. Lo que demuestra la viabilidad de la medida, en los términos que fueran expuestos por las proyecciones realizadas.
En este debate, necesariamente debe incluirse una reforma tributaria integral para consolidar un sistema tributario más justo y progresivo que permita redirigir recursos a iniciativas de este estilo, así como un sistema de exenciones fiscales, de la mano de nuevos paradigmas para pensar las relaciones laborales.
Es fundamental reconocer que cualquier discusión sobre asuntos de Estado debe estar abierta a una amplia gama de perspectivas y sugerencias.
Si bien el presente informe pretende ser un disparador a los fines de dar estas discusiones, desde Instituto Argentina 2050 (IA2050), ha surgido El PATRIA, luego de haber realizado un análisis pormenorizado de la situación actual y las posibilidades reales de mitigar los efectos nocivos de este modelo de país.
De esta manera, se comienzan a sumar otras herramientas que, junto a la iniciativa ya publicada de la Empresa Nacional de Alimentos, serán imprescindibles para la recuperación del país.
Nuestra Patria merece una oportunidad. Pero sólo ella será posible si antes se da respuesta atendiendo a cuestiones coyunturales que resuelvan el hambre y las necesidades básicas del pueblo, con todos y todas adentro.
Se adjunta el Proyecto referenciado.
[1] Hagman, I; Cappa, A. (2022) ¿Se puede avanzar en un Salario Universal? Apuntes sobre la seguridad social en el siglo XXI
[2] Cappa y Campana (2021). “Entre la crisis coyuntural y la desigualdad estructural: Apuntes para la construcción de una protección social universal en la Argentina” en Ruiz del Ferrier y Tirenni (Compiladores) La Protección Social en América Latina. El Estado y Las Políticas Públicas Entre La Crisis Social y La Búsqueda De Equidad.
[3] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim232516D0B1D0.pdf. Esta desigualdad, queda expuesta en este informe del INDEC, al señalar que, dentro de la población activa (48,2%) al desagregar por sexo, la TA para los varones fue de 70,7%, mientras que para las mujeres se ubicó en 52,3%. Y en lo referente a la tasa de desocupación (5,7% de la PEA), la tasa de desocupación fue de 6,3% para las mujeres, y de 5,3% para los varones.
[4] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim23BB05224E02.pdf
[5] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_04_24D278E3E48E.pdf
[6] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_04_24A5D14B4D53.pdf
[7] LA RENTA BÁSICA (O INGRESO CIUDADANO) UNIVERSAL E INCONDICIONAL, El debate en la Argentina, Flavio Gaitán y Cecilia Del Bono – Diciembre 2020
[8] Minoldo, S. y Dvoskin, N (2021). El Ingreso Ciudadano en Debate. ¿Propuesta coyuntural o transformación estructural? Friedrich Ebert Stiftung, Buenos Aires.
[9] Pérez, P.; Féliz, M.; Toledo, F. (2006). ¿Asegurar el empleo o los ingresos? Una discusión para el caso argentino de las propuestas de ingreso ciudadano y empleador de última instancia. En: Macroeconomía, grupos vulnerables y mercado de trabajo: Desafíos para el diseño de políticas públicas. Buenos Aires: Trabajo y Sociedad / CEIL-PIETTE, 289-318.
[10] Op. Cit. (pág 9)
[11] Op. Cit (pág.10)
[12] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/05/gps_2023.pdf
[13] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
[14] La Protección Social de los Ingresos en América Latina y el Caribe, en La Protección Social de los Ingresos …, Cepal.
[15] LA RENTA BÁSICA (O INGRESO CIUDADANO) UNIVERSAL E INCONDICIONAL, El debate en la Argentina, Flavio Gaitán y Cecilia Del Bono – Diciembre 2020 ) (pág. 49 y sgtes.)
[16] Op. Cit. (pág. 51)
[17] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/aporte_solidario_final.pdf
